Durante esta crisis el precio de la electricidad en España se ha elevado un 52%. Con este titular nos despertábamos días atrás, se daba a conocer el Informe Robison para The Oxford Institute for Energy Studies, que además del dato anterior nos ha dado a conocer que el 46% de lo que pagamos los particulares en el recibo es “cuña gubernamental”, que se rebaja en la industria al 25% y al 20%, según sea mediana o grande. ¡Qué casualidad!
¿Cuáles son las causas de este elevado coste de la energía? Llevamos años oyendo hablar del déficit de tarifa, y para entenderlo tenemos que remontarnos a 1997 cuando se establecieron las bases del sistema eléctrico actual. El entonces superministro de Economía, Rodrigo Rato, fijó una regla, en principio coyuntural, que finalmente se ha tornado estructural, según la cual la tarifa eléctrica nunca puede subir más que el IPC (recuerden ustedes aquellos años donde la prioridad eran cuadrar las cuentas para entrar en el euro). Un regla trampa para muchos expertos pues ha desencadenado el elevado déficit de tarifa actual, 26.000 millones de euros, ya que cuando los costes del barril de petróleo se triplicaron en la época de Zapatero, la electricidad sólo subía el IPC, el 2%, mientras su generación había subido un 300%. Fue entonces cuando la deuda comenzó a acumularse. Quizás en la típica actitud a la que nos acostumbran nuestros gobernantes de no reconocer los problemas, como si estos se solucionasen solos, bien por táctica electoral o simplemente por su capacidad, y como dice el refrán de aquellos polvos estos lodos.
Este elevado precio de la energía es un factor que lastra la competitividad de nuestra empresas, ya que un precio alto del kilovatio eleva el precio final de los productos y servicios. El coste de la eléctrica en España es casi el doble que en EEUU y el cuarto más caro de la UE, solo por detrás de Alemania, Dinamarca e Irlanda.
Varias son las medidas que se podrían arbitrar, comenzado por una auditoría de la deuda, a la que al parecer según alguna información periodística se oponen las empresas (empresas que casualmente tienen en sus consejos políticos de ida y vuelta). Financiar a través de los presupuestos generales del estado muchos de los conceptos que pagamos en la factura, lo que reduciría su importe considerablemente aportando más liquidez a los particulares y mejorar la competitividad a las empresas. Y un impuesto sobre el carbono, de tal forma que incentivaría que las empresas innovaran en tecnologías que emitan menos CO2.
¿Por qué no se hace esto o algo parecido? Porque faltan buenos gestores de lo público, que tomen decisiones valientes y que, sin necesidad de llegar a la nacionalización como proponen algunos, acaben con el oligopolio actual, la red de favores y ese capitalismo de amiguetes, miren el futuro más allá del corto plazo electoral y diseñen un verdadero plan de país.
